El modelo fiscal de una sociedad indica, de algún modo, los valores y prioridades que la rigen. Una sociedad con un modelo fiscal fuertemente progresivo indica que estamos ante una sociedad que apuesta por tener un sector público que garantice la cohesión y la justicia social, que quiere avanzar hacia la equidad y hacia la igualdad de oportunidades (las cuales no existen per se en una sociedad en la que el contexto social y la lotería natural acaban condicionando la trayectoria de cada persona), que aspira a una cierta universalización de derechos fundamentales como el derecho a la educación o el acceso a la salud, entre otros muchos.  En cambio, una sociedad con un modelo fiscal regresivo está dotando de menores recursos al sector público y, por lo tanto, fomentando de manera indirecta mayores desigualdades en una sociedad, repetimos, en la que no existen de facto la igualdad de oportunidades.

Nuestro modelo fiscal se caracteriza por tres aspectos, altamente preocupantes:

  • son injustos y regresivos, al grabar las rentas del trabajo muy por encima de las rentas de capital o bien al eliminar o rebajar en los últimos años impuestos como el de sucesiones o el de patrimonio, impuestos a los que normalmente contribuyen las grandes rentas;
  • es claramente insuficiente, en un momento en el que nuestra sociedad está experimentando una dualización social sin precedentes: ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Este contexto de crecientes desigualdades, empobrecimeinto generalizado, pauperización de la clase media y, en definitiva, de ruptura del contrato social, requiere urgentemente recursos para garantizar la dignidad de muchas personas que se están quedando en las cunetas de nuestras ciudades.
  • padece de un fraude fiscal extraordinario, cifrado en un 23% anual (unos 90.000 millones de euros anuales), esto es 10 puntos por encima de la media de los países de la Unión Europea. Este fraude fiscal no es responsabilidad exclusiva del “pequeño lampista” ni fruto de una supuesta “picaresca cultural innata”, como suele atribuirse en el imaginario colectivo, si no que es esencialmente responsabilidad de las grandes empresas y corporaciones: concretamente, GESTHA, el sindicato de técnicos de Hacienda, estima que el 73% del fraude fiscal corresponde a dichas empresas. Sólo con ponernos al nivel del fraude europeo, cada año podríamos recaudar casi 40.000 millones de euros, muchos de los cuales procederían de la evasión fiscal que cometen las grandes corporaciones.

No cabe duda de que existen alternativas por la vía fiscal: impuestos más justos y progresivos, mediombientalmente más responsables y una lucha sin cuartel contra el fraude fiscal. ¿Por qué no se ha impulsado un plan estatal de lucha contra el fraude? ¿Por qué GESTHA denuncia reiteradamente la escasez de inspectores fiscales y técnicos de Hacienda para luchar contra el fraude? Sin duda, falta de voluntad política, una correlación de fuerzas claramente asimétrica y una estrategia indiscriminada de estigmatización de lo público. Cuidado, porque si el horizonte es parecernos más a EEUU (menos impuestos, menos Estado), las desigualdades sociales y la criminalización de los más pobres en forma de darwinismo social están servidas.

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